Educación superior: urgencias y necesidades de un sistema en crisis
Para lograr mayor cobertura y formación de calidad, el sistema de educación superior pública enfrenta distintos retos académicos, administrativos y financieros. La clave de su fortalecimiento estaría en el desarrollo de mejores políticas públicas.
Por Salomé Burbano Delgadilloinvestigadora del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)*
La educación superior pública enfrenta grandes necesidades que, en virtud de su desatención sistemática por parte de los gobiernos de turno, hoy se han convertido en urgencias a resolver.
Dichas necesidades abarcan retos académicos, administrativos, sociales y financieros, pero sobre todo políticos, pues es en este último campo en el que se toman las decisiones frente al rumbo de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, el cual está demarcado en gran medida por la voluntad de transformar el sistema de asignaciones presupuestales.
Universalización de la educación superior: ¿un problema de financiación?
La universalización de la educación superior supone su comprensión como derecho fundamental y como bien común. ¿Cuáles son sus implicaciones? Las respuestas son diversas, y entre las más importantes se encuentra el fortalecimiento y sostenimiento financiero del sistema público de educación superior.
Actualmente el conjunto de las 33 universidades públicas que integran el Sistema Universitario Estatal (SUE) –constituido por la Ley 30 de 1992– tiene un desfinanciamiento estructural que se acerca a los 18 billones de pesos, según el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior (2020) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
No obstante, según cifras del Ministerio de Educación Nacional y del DANE (2021), para el segundo semestre de 2020 las universidades públicas, en conjunto con las 51 instituciones de educación superior estatales restantes (escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, entre otras), soportaban el 54,9 % de la cobertura total en educación superior, lo que equivale a 1.122.177 de los 2.043.819 estudiantes matriculados en pregrado, en comparación con los 921.621 estudiantes acogidos por las 214 instituciones de educación superior no oficiales.
El desfinanciamiento no solo ha impedido la ampliación de la cobertura, sino que también ha ocasionado un deterioro tangible de la infraestructura física de las instituciones y una precarización docente, por cuanto los profesores universitarios (37.081 de los 49.956, con corte a 2019, según datos del SUE) se vinculan hoy sin garantías laborales plenas, es decir, a través de modalidades ocasionales o por hora cátedra.
Aunado a lo anterior, el insuficiente presupuesto transferido a las universidades públicas las ha obligado a producir recursos propios equivalentes al 50 % del gasto que requieren para sostenerse, a través de proyectos, asesorías externas y programas de posgrado, por ejemplo, lo que ha ocasionado que su misión institucional se desvíe y se impida subsanar las problemáticas expuestas.
Las asignaciones presupuestales insuficientes para las universidades –convertidas casi en una política estatal– han promovido a su vez la privatización de la educación superior, al menos por dos mecanismos ligados a la financiación de la demanda, es decir a los estudiantes.
El primero de ellos consiste en promover el acceso a la educación terciaria a través de la adquisición de créditos educativos otorgados por el Icetex, y el segundo se basa en el otorgamiento de “becas-crédito” como Ser Pilo Paga (antes) y Generación E (ahora), soportadas en el falso discurso del mérito que profundiza las desigualdades existentes entre los estudiantes, sobrecargándolos con requisitos académicos y sociales casi imposibles de cumplir y que, a fin de cuentas, terminan por dejarlos fuera del sistema, sin título profesional y con deudas impagables.
¿Pero por qué afirmar que estos mecanismos conducen a la privatización de la educación superior? Porque muchas veces esos recursos terminan en las universidades privadas, preferidas por los jóvenes o de obligatoria selección dada su imposibilidad de acceder al sistema público por reprobar los exámenes de admisión o por no cumplir con todos los requisitos que se les exigen.
La gran pregunta es: ¿cómo solucionar el asunto? Primordialmente, promoviendo un cambio en el sistema de financiación de la educación pública universitaria, lo que conlleva obligatoriamente a reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
Frente a esta situación se conocen dos propuestas: una elaborada por el SUE y la otra por el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la UNAL.
El mencionado fortalecimiento financiero, aunado a mecanismos y acciones afirmativas en los procesos de admisión de estudiantes al sistema público de educación superior, podría garantizar la gratuidad de la educación superior, el acceso efectivo y la permanencia de los estudiantes en el sistema, además de superar la desigualdad y la exclusión generada por variables externas a estos.
Pertinencia de la educación superior en la construcción de una sociedad en paz
Hoy el país requiere profesionales formados no solo en virtud de las demandas del mercado y de la empresa, sino idóneos para aportar a la construcción de una nueva sociedad que se encamina por las sendas de la paz y la reconciliación.
Para ese propósito, se espera que los egresados estén en capacidad de realizar lecturas holísticas y complejas de los contextos sociales y de crear –a partir de los conocimientos aprendidos durante su tránsito por la universidad– las estrategias y soluciones que respondan a las necesidades la ciudadanía.
Así las cosas, urge generar políticas públicas y educativas que no estén centradas en el concepto de la calidad de la educación superior, polisémico por demás y asociado indistintamente con factores como la cobertura, la infraestructura tecnológica y física, el número de investigaciones y publicaciones en revistas indexadas y la cantidad de profesores con títulos de posgrado, entre otros.
Estos, al fin de cuentas, no tienen relación directa con la generación de prácticas pedagógicas asertivas que les permitan a los estudiantes producir conocimientos a partir de enfoques críticos, sino enfocadas en garantizar el egreso de profesionales comprometidos con el trabajo académico y la producción de soluciones a las problemáticas sociales y con el posicionamiento de la universidad como soporte de la sociedad del conocimiento, puesta al servicio de la vida, de los territorios y de la paz.
*Profesional en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, candidata a Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigadora del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la UNAL.
Fuente: http://unperiodico.unal.edu.co/
